5.
Invítase a las entidades mencionadas en el presente inciso a que designen los representantes que
integrarán el Consejo Consultivo.
Son funciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, además de las
que surgen de la Ley Nº 25.326:
a) dictar normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales y demás funciones a
su cargo, y las normas y procedimientos técnicos relativos al tratamiento y condiciones de seguridad de
los archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y privados;
b) atender las denuncias y reclamos interpuestos en relación al tratamiento de datos personales en los
términos de la Ley Nº 25.326;
c) percibir las tasas que se fijen por los servicios de inscripción y otros que preste;
d) organizar y proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento del Registro de archivos, registros,
bases o bancos de datos públicos y privados previsto en el artículo 21 de la Ley Nº 25.326;
e) diseñar los instrumentos adecuados para la mejor protección de los datos personales de los ciudadanos y
el mejor cumplimiento de la legislación de aplicación;
f) homologar los códigos de conducta que se presenten de acuerdo a lo establecido por el artículo 30 de la
Ley Nº 25.326, previo dictamen del Consejo Consultivo, teniendo en cuenta su adecuación a los
principios reguladores del tratamiento de datos personales, la representatividad que ejerza la asociación y
organismo que elabora el código y su eficacia ejecutiva con relación a los operadores del sector mediante
la previsión de sanciones o mecanismos adecuados.
ARTICULO 30. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES alentará la elaboración
de códigos de conducta destinados a contribuir, en función de las particularidades de cada sector, a la correcta aplicación de
las disposiciones nacionales adoptadas por la Ley Nº 25.326 y esta reglamentación.
Las asociaciones de profesionales y las demás organizaciones representantes de otras categorías de responsables o usuarios
de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos o privados, que hayan elaborado proyectos de códigos éticos, o que
tengan la intención de modificar o prorrogar códigos nacionales existentes, podrán someterlos a consideración de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, la cual aprobará el ordenamiento o sugerirá
las correcciones que se estimen necesarias para su aprobación.
CAPITULO VI
SANCIONES
ARTICULO 31.
1. Las sanciones administrativas establecidas en el artículo 31 de la Ley Nº 25.326 serán aplicadas a los responsables
o usuarios de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos, y privados destinados a dar información, se
hubieren inscripto o no en el registro correspondiente.
La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al
volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia,
los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceros, y a cualquier otra circunstancia que sea
relevante para determinar el grado de antijuricidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
Se considerará reincidente a quien habiendo sido sancionado por una infracción a la Ley Nº 25.326 o sus
reglamentaciones incurriera en otra de similar naturaleza dentro del término de TRES (3) años, a contar desde la
aplicación de la sanción.
2. El producido de las multas a que se refiere el artículo 31 de la Ley Nº 25.326 se aplicará al financiamiento de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
3. El procedimiento se ajustará a las siguientes disposiciones:
a) La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES iniciará actuaciones
administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la Ley Nº 25.326 y sus normas
reglamentarias, de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular, del Defensor del Pueblo de la
Nación o de asociaciones de consumidores o usuarios.
b) Se procederá a labrar acta en la que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición
presuntamente infringida.
En la misma acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al presunto infractor para que,
dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho.
Ley 25326 – p. 20