a. Controlar el ingreso y la salida de información a las bases de datos y archivos
de inteligencia y contrainteligencia, garantizando de manera prioritaria su
reserva constitucional y legal.
b. Asegurar que aquellos datos de inteligencia y contrainteligencia que una vez
almacenados no sirvan para los fines establecidos en el artículo 5 de la
presente ley, sean actualizados y depurados.
c. Garantizar que la información no será almacenada en las bases de datos de
inteligencia y contrainteligencia por razones de género, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una
organización sindical, social o de derechos humanos, o para promover los
intereses de cualquier partido político.
Parágrafo Los criterios de actualización y depuración de la información serán
reglamentados por la Junta de Inteligencia Conjunta a través de una comisión de trabajo
destinado para tal fin. Para su diseño se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:
a. La obligación de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos al
buen nombre, la honra y el debido proceso;
b. El deber de garantizar la preservación de la memoria histórica de la Nación; y
c. La Ley de archivos.
Artículo 20. – Difusión de datos de inteligencia y contrainteligencia. Los datos de inteligencia y contrainteligencia que reposan en los CPD, al estar amparados por la reserva
legal, no podrán hacerse públicos ni serán difundidos a particulares. Sin embargo, no se
podrá oponer la reserva legal a los requerimientos de autoridades penales, disciplinarias o
fiscales.
Capítulo V
Reserva De Información En Inteligencia Y Contrainteligencia
Artículo 21. – Reserva. Por la naturaleza de las funciones que cumplen los organismos
que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia sus documentos,
información y elementos técnicos, estarán amparados por la reserva legal por un término
máximo de 40 años y tendrán carácter de información reservada según el grado de
clasificación que les corresponda en cada caso.
Parágrafo. El servidor público que decida ampararse en la reserva para no suministrar
una información debe hacerlo motivando por escrito la razonabilidad y proporcionalidad de
su decisión y fundándola en esta disposición legal. En cualquier caso, frente a tales
decisiones procederán los recursos y acciones legales y constitucionales del caso.
Artículo 22. – Compromiso de reserva. Los servidores públicos de los organismos que
desarrollen actividades de inteligencia y contrainteligencia, los funcionarios que adelanten
actividades de control, supervisión y revisión de documentos o bases de datos de